El divorcio es un proceso complejo, que no solo implica cuestiones emocionales, sino también legales y económicas. Entre los principales asuntos a resolver se encuentran la custodia de los hijos, el uso de la vivienda familiar y la distribución del patrimonio común. Repartir los bienes comunes puede ser un auténtico dolor de cabeza.
El tipo de divorcio influye en la rapidez y facilidad del reparto. En un divorcio de mutuo acuerdo, los cónyuges deciden entre sí cómo repartir sus bienes, plasmando su acuerdo en el convenio regulador. En un divorcio contencioso, será un juez quien determine la distribución, tras un inventario de activos y pasivos y aplicando el régimen económico matrimonial correspondiente. Este proceso suele ser más lento y costoso.
El régimen económico matrimonial condiciona el reparto de bienes: en el régimen de gananciales, los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen al 50 %, mientras que los bienes privativos, adquiridos antes del matrimonio o por herencia/donación, quedan fuera del reparto. En el régimen de separación de bienes, cada cónyuge conserva lo que adquirió antes y durante el matrimonio, salvo aquellos bienes adquiridos conjuntamente. El régimen de participación, menos frecuente, permite que cada cónyuge administre sus bienes privativos, compensando al que obtuvo menos ganancias durante el matrimonio.
Respecto a la vivienda familiar, si hay hijos menores, lo habitual es que el cónyuge con custodia pueda usarla, priorizando el interés de los menores. En ausencia de hijos, el uso y propiedad se negocian o, en procesos contenciosos, el juez puede favorecer al cónyuge más vulnerable. Esto incluye el menaje y objetos de uso cotidiano, mientras que otros bienes, como joyas, se reparten según corresponda.
Las deudas contraídas durante el matrimonio también deben liquidarse: en régimen de gananciales se reparten, mientras que las privativas afectan solo al titular. Además, si el divorcio genera un desequilibrio económico significativo, el juez puede establecer una pensión compensatoria para reequilibrar la situación financiera del cónyuge más desfavorecido, considerando factores como edad, salud, empleo y dedicación familiar.
En resumen, el reparto de bienes en un divorcio en España combina aspectos legales y económicos complejos. Contar con un abogado especializado en derecho de familia es esencial para garantizar que el proceso sea justo y adaptado a cada situación particular.
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